La justicia no es ciega/ Adriana Graziuso/ Prototipo de juez antipobre
Esta jueza no solo hace comentarios inaceptables y despectivos, cargados de sesgos clasistas sino que además aplica una justicia que equipara acudir a un balneario uruguayo, publico y gratuito para todos (todos) con asistir a una fiesta privada con ingreso restringido solo a los invitados.
Para ejercer la justicia como hace esta "magistrada" alcanza con los peajes de la interbalnearia, allí podría instalarse para cuidar los portones de Punta del Este no sea cosa que se filtre algún desocupado.
La jueza Graziuso salto a la mala fama a en diciembre del 2009 con declaraciones jurídicamente discutibles y medidas de prevención que chocan con los derechos individuales, no está demás decir que esos derechos son la base de la vida en democracia.
En aquella entrevista, Graziuso (en el mismo periódico del cual comentamos la noticia de hoy) concluyo su alegato diciendo que esta problemática (las expulsiones preventivas) fue analizada por autoridades nacionales y locales con las principales instituciones empresariales de Punta del Este y el resto del departamento. Estos sectores coincidieron que la cantidad de personas mayores con antecedentes judiciales sin trabajo y sin lugar para residir en la zona "ha aumentado significativamente. Hay gente que oculta al juez su paradero e identidad para poder delinquir. Hay gente que pide ir a la cárcel para tener comida y donde vivir…
En aquella oportunidad el hoy ministro del interior (entonces futuro) apoyo y aplaudió su valentía. Podríamos pensar que un temporada mas de democracia y un gobierno supuestamente más avanzado que el anterior le traería un poco mas de tolerancia a esta señora a la hora de juzgar, mejor dicho prejuzgar. No ha sido así, al contrario, se ha radicalizado en sus posiciones y medidas, para entre cosas conservar a Maldonado reconocible. Hay que dejar lugar a la clase alta. La derecha salta en una pata y festeja las nuevas hazañas de la jueza. La siguiente información 26/12/10 nos recuerda cómo anda la justicia.
El País digital resalta en forma abreviada:
Punta del Este "Cerca del 80%" admite que fue a robar
Jueza explica cómo define "expulsiones" de personas sin residencia y con antecedentes."Si no hay seguridad no hay turismo", dice
Desde el 15 de diciembre en adelante la Policía llevó a la justicia un promedio de tres detenidos por día que habían llegado a Maldonado desde Montevideo para delinquir, informó la jueza Adriana Graziuso, quien la temporada pasada dictaminó las polémicas "expulsiones preventivas" y está decidida a continuar con esa política esta temporada
"Si no hay seguridad, no hay turismo. Y si no ponemos un freno el Maldonado que se conoce va a desaparecer", asegura la magistrada, que también asegura que durante el año recibió varias felicitaciones. "Incluso ha venido gente a saludarme al juzgado y a pedirme que siga con esta política", contó: "una mujer llegó a regalarme un rosario y me dijo que era para que Dios me siguiera inspirando y continuara así".
Un porcentaje elevado de los delincuentes detenidos termina confesando que se había acercado al balneario para delinquir. "Cerca del 80% lo admite", dijo la jueza.
Además agregó: "Y aunque no lo confesaran, es evidente porque no tienen domicilio acá, son pseudoturistas, te das cuenta de que no son turistas, ni siquiera turistas de poca monta, porque no tienen medios ni para venir expresamente a un día de playa".
Para empezar a esta representante criolla del poder judicial, no le dio y no le da lástima ninguna como ciudadana de este país, que haya uruguayos que no tienen medios económicos ni para pasar un solo día de sus vidas en la ciudad de Punta del Este. De eso no se habla
Luego confunde expresa y arteramente “no tener medios” con “no tener derecho”.
Una cosa es no tener medios para alimentarse y muy otra no tener derecho a alimentarse.
Además se toma la licencia idiomática de llamar delincuentes, a personas que han cumplido la pena.
Se es delincuente en el acto de delinquir no luego de cumplir la condena.
Por si fuera poco a los ciudadanos que no confiesan la intención de delinquir en el futuro (¿como se obtiene una confesión de este tipo?) se les clasifica de la misma manera… ¿para que se les pregunta? si digan lo que digan las repuestas ya están escritas. El despacho de la jueza se parece más a un confesionario de psicoanálisis, que a un juzgado de turno y la “prueba del delito a cometer” se obtiene sin necesidad de autoinculpación. La jueza tiene acceso al inconsciente del interrogado y alcanza y sobra.
Según El País de 26/12/10:“Cuando Graziuso determinó las primeras expulsiones, el verano pasado, fue blanco de críticas y algunos llegaron a afirmar que todas las personas eran libres para circular por cualquier lugar público. "Evidentemente que las personas son libres", responde la jueza a esas acusaciones. "Existen los controles policiales para la prevención y los ciudadanos tienen derecho a que exista una prevención del delito también. El derecho de circular es de todos, pero el de la prevención para que no se cometan delitos también. Las limitaciones a la libertad ambulatoria están previstas en las leyes" aseguró.
Al que escribe (Jaime g) le parece que la prevención (en el caso de que sea un derecho) es un derecho subordinado a un derecho superior que es la libertad de circulación. Creo que la prevención no es técnicamente un derecho, es solo una medida de precaución si se quiere atribuirle un rango; una obligación de parte de las autoridades que al ejecutarse no puede disminuir los derechos individuales.
La prevención no excluye ni limita el derecho a la libre circulación de todos y cada uno de los habitantes inclusive el de ex reclusos. El tener antecedentes penales no es una causal de expulsión de ninguna localidad nacional.
En un estado de derecho, la libertad ambulatoria no tiene ninguna relación con el turismo (que es solo una actividad comercial) ni mucho menos puede ser una causal de oficio para librarse de “seudoturistas”.
El turismo “gasolero” (porque caminan mucho y no gastan nada) podrá ser molesto y decepcionante para los comercios que solo quieren vender pero no puede ser jamás clasificado como un asunto de seguridad.
Utilizando la escala de valores que utiliza Graziuso, ahora resulta que tenemos un enclave tipo Guantánamo donde no rigen las leyes uruguayas, rigen las leyes de hotelería comercial y de los shopingscenters
La casa se reserva el derecho de admisión. Punto. Lo determina la gerente Graziuso y los “operadores turísticos”.
Si la jueza decide de acuerdo con la ley, seria necesario cambiar la ley. Pero no se puede pedir peras al olmo ya que todo el mundo sabe que ni el legislativo, ni el ejecutivo se proponen cambiar nada.
Que podemos esperar? Están para mantener “lo que hay”, por eso la ley de caducidad sigue vigente y mientras tanto los ingresos al balneario son autorizados por seudojuristas que deciden en “forma legal” acorde con el sistema, quienes pueden acceder a las aguas ultra capitalistas de la ciudad santa del neoliberalismo nacional.
Según la jueza, solo los ricos y los magistrados demócratas como ella tienen derecho a disfrutar de las arenas de Punta del Este, los pobres tienen balnearios propios como la Ramírez, pajas blancas o playa pascual… ¿que más quieren?
Me dirán que soy un ingenuo y es verdad, ya que siempre supuse, que la justicia no media a las personas por el dinero o las riquezas que posen y que todos éramos iguales ante la ley
Pero parece que para Graziuso es a la inversa y la carencia de dinero es causa suficiente para ser declarado delincuente en potencia.
Es decir que la versión “de los antecedentes penales” para restringir a alguien el derecho de visitar Punta del Este es puro bluf, destinado a descartar pobres, a seleccionar consumidores de alta gama.
La cuestión es: tiene o no tiene? Si tiene, no se pregunta cómo se obtuvo.
Está claro que lo interesante no es cazar delincuentes de ningún tipo. Es simplemente una excusa para eliminar a los indeseables de la lista de huéspedes.
Si se razonara un segundo, tendrían que ser menos sospechosos los que no tienen dinero, que los que lo tienen, ya que los que tienen los bolsillos vacios son “presuntamente inocentes de robo”, cosa que no se puede afirmar de quienes tienen la billetera llena, ya que no se investiga cómo fue que lo lograron.
Los argumentos se pueden llevar al absurdo pero para mantenernos dentro de la realidad debemos convenir que una jueza no puede tener prejuicios ni posiciones a priori, lo mínimo que se puede exigir es neutralidad objetiva. Por definición necesaria y lógica si no hay delito: Todos son inocentes. Tengan o no tengan dinero; tengan o no tengan “antecedentes”. Por otro lado, si se acusa a alguien “de algo” debe demostrarse ese “algo”. No alcanza con la presunción “de ser en potencia” para limitar o inhibir un derecho constitucional y además decretar una sanción: la expulsión. Por las dudas.
Por las dudas…Mirá qué principio jurídico.!!! Estamos jugando con fuego, esto es discriminación de clase y esto se permite y se alienta en tiempos de paz, democracia, derechos humanos y indicadores económicos muy positivos...Si; esos datos que dicen que estadísticamente los uruguayos comen de promedio un pollo por semana y no especifica si el vecino se comió los dos pollos estadísticos y a usted no le tocaron ni las patas pa hacer caldo.
No vamos a decir que es una contradicción excepcional e inesperada encontrar jueces que piensen y actúan con el modelo de Adriana Graziuso.
Lo raro y triste es que la ciudadanía no se oponga… no hablemos de gobierno izquierdista porque este no existe.
Hace tiempo que viaja por el carril de la derecha y los pobres son un lastre que hay que dejar por el camino para llegar más rápido al palacio legislativo o casa de gobierno.
Para que los pobres no se vean, se cubren con cifras del PIB y para que no espanten a los turistas hay que expulsarlos de Punta y de otros balnearios del país donde ya la jueza ensayó anteriormente su prototipo judicial. Por las dudas. Si no conforman estas razones, se amplían las excusas: “¿razón de negocios?”. Hay que cuidar la industria sin chimeneas. Imagínese (piensan nuestros dirigentes) “que desgracia seria para la republica, que Gorlero fuera confundida con Aparicio Saravia”. Para evitar la confusión se necesita a Graziuso.
Y todo esto con las bendiciones ministeriales y empresariales del caso. De acuerdo a las autoridades que tenemos, las personas sin dinero suficiente no merecen ser llamados “turistas”, no importa que hablemos de gente que vive a 50 kilómetros dentro del territorio nacional. Si no tienen dinero no se califican para bañarse en Punta del Este sino que son expulsados por orden judicial. En la nueva versión del Titanic progresista los pobres viajamos en la sentina sin salvavidas y sin derecho de salir a cubierta.
Que los pobres hagan “turismo” en Punta del Este no entra dentro de los planes de la jueza Graziuso ni del gobierno progresista.
Me asalta la curiosidad… donde estudio derecho Graziuso… en la Sudáfrica pre-Mandela? ¿Quien recluto a esta señora para el poder judicial, quien la fichó a “esta jugadora”? ¿Como obtuvo su nombramiento esta Sra.? Es evidente que debe contar con apoyo dentro del sistema, es obvio que deben existir cómplices y protectores por encima de ella que, o bien ganan algo a cambio, o bien la utilizan para que haga “la guerra sucia” a la pobreza. De lo contrario no se comprende que esta mujer no sea separada del cargo por abuso de autoridad o por apología de la desigualdad jurídica o simplemente por razones de salud mental.
La verdad es que esta nota la escribo con pena e indignación.
El cuadro de “alergia aguda a la pobreza” que padece la jueza de 2do.turno de Maldonado, la inhabilita para el cargo.
Cuesta creer que esta señora pueda trabajar en la justicia uruguaya porque esta jueza no solo hace comentarios inaceptables y despectivos, cargados de sesgos clasistas, sino que además aplica una justicia que equipara acudir a un balneario uruguayo, publico y gratuito para todos (todos) con asistir a una fiesta privada con ingreso restringido solo a los invitados.
Muy mal parada queda la justicia uruguaya cuando ejemplares de este calibre están a cargo de juzgados. Qué triste... Bonomi la festeja y aplaude, sus subalternos envían al juzgado a todos los sospechosos “por carencia de medios”, los ricos como era de esperar no podían fallar a la hora de alabarla. La derecha le levanta altares mediáticos y lo peor es que muchos pobres la aplauden.
Pobres que como yo, solo pueden presentarse en Punta del Este cuando van en excursiones de doce horas, en pretemporada, equipados con un refuerzo de milanesa para pasar el día.
Finalmente: Para aplicar las medidas preventivas que impulsa Adriana Graziuso, el ámbito de un juzgado es muy limitado en sus efectos y no combina con sus inclinaciones de clasificadora turística.
Para ejercer la justicia como hace esta "magistrada" no son necesarios locales judiciales, alcanza con los peajes de la interbalnearia, allí podría instalarse para cuidar los portones de Punta del Este, no sea cosa que se filtre algún desocupado.
Jaime g